La polémica en torno al recordatorio por el Día Nacional “de la memoria por la verdad y la justicia”

Por Hugo Marcelo Chavez, Abogado. Especialista en derecho administrativo

Sin dudas que no habrá un solo argentino de bien, que no quiera recordar este día, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través de un golpe de Estado, que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina aprobó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; con el fin de conmemorar a las víctimas de aquel oscuro proceso, que culminó con el advenimiento de la Democracia en 1983.

Así, cada año, en la Argentita, en el Chaco y sobre la Ruta Nacional 11, pasando Margarita Belén en particular; se recuerda dicha tragedia nacional en el monumento de homenaje a las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. Ayer no fue la excepción y como muchos compañeros y amigos lo han defendido en las redes sociales, tuvo lugar un acto “simbólico”, ya que solo participaron funcionarios y pocas personas, según los comentarios que trascienden.

Ante dicha situación se levantaron varias voces, muchas de ellas en contra; con diferentes argumentos. He sido una de ellas, por dos motivos básicamente; uno, creo que como decisión política ha sido inoportuna, lo cual claramente es opinable y desde ya acepto que no se comparta la misma, pues las decisiones políticas son claramente definiciones subjetivas y no deben necesariamente tener el consenso de todos o de una mayoría.

En segundo lugar, creo que desde el punto de vista jurídico; ha sido una clara violación de los artículos 5° y 6° del Decreto 297 (B.O. N°15887 – 20/03/2020) en cuanto dispone el primero de ellos, que “durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas.”

Algunos amigos y compañeros, para defender la posición de quienes concurrieron; afirman que los funcionarios políticos que asistieron estaban exceptuados por la normativa del artículo 6° del Decreto Nacional antes citado, que dice en ese punto lo siguiente: “Quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular … 2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.”

¿Resulta jurídicamente cierta esta afirmación? Desde mi punto de vista, la respuesta claramente es NO. ¿Por qué? Porque la norma define claramente que la excepción a la prohibición del aislamiento social y de circular, para las autoridades superiores del gobierno provincial se deben limitar a que sus desplazamientos se efectúen para garantizar actividades esenciales requeridas por el servicio público y que las mismas deben limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios (art. 6° Dec. 297/20).

En este punto cabe preguntarse, si el traslado al acto homenaje en el sitio del monumento a los caídos en la Masacre de Margarita Belén; está comprendido en las previsiones y excepciones del art. 6° del Decreto 297/20. La respuesta, desde mi punto de vista; claramente es NO, ya que dicha actividad no guarda relación con la actual situación que regulan no solo ya el Decreto 297/20, sino podríamos decir también el Decreto 260/20 del P.E.N. como así también los Decretos Provinciales N° 432/20 y 433/20 del Poder Ejecutivo Provincial y sus respectivos Anexos, con más todo el cumulo de normas concordantes dictadas con motivo de la Pandemia del COVID-19.

Pero además de lo citado precedentemente, y aun el hipotético caso de que los funcionarios efectivamente estuvieran exceptuados, el acto en sí, ¿se encuentra entre las actividades permitidas en el marco de la Pandemia? Desde mi punto de vista, claramente NO ¿Por qué? Por lo establecido en el art. 5° del Decreto 297/20, cuando establece que no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas.” Remarco DE NINGUNA OTRA INDOLE, en el cual claramente encaja el homenaje que se llevó a cabo. –

Tampoco la Ley 25.633 prevé alguna excepción al respecto y claramente la prohibición, positivamente incluye a las autoridades superiores de los gobiernos provinciales que deberán abstenerse de realizar eventos de ninguna otra índole, que las específicamente vinculadas con el ejercicio del poder ejecutivo, especialmente lo vinculado con el combate a la pandemia. –

Con buen tino, el Poder Ejecutivo Nacional, que por el articulo 3° de la Ley 25633, está facultado a realizar actividades que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, que generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos” como parte de las actividades relativas a, la conmemoración del día de la Memoria por la Verdad y la Justicia; en la persona del propio Presidente Alberto Fernández, requirió que en esta ocasión y ante la vigencia de las medidas dispuestas por los Decretos 260/20 y 297/20, este día recordemos a las víctimas de la dictadura; desde nuestros hogares, con la idea de reafirmar que el aislamiento social y la prohibición de circular son medidas efectivas y con preferencia en la ejecución, para contener y evitar la ola de contagios del COVID-19.-

Dicho esto, y al margen de las motivaciones personales, afectivas, políticas y/o de cualquier otra índole; en apoyo a la realización del homenaje, este claramente desde el punto de vista jurídico colisiona con la normativa prohibitiva de emergencia vigente, sin entrar a analizar las consecuencias penales y pecuniarias establecidas en el art. 7° apartado e) del Decreto 260/20 y demás normas dictadas con posterioridad. –

La idea de explicar mi posición solo obedece a que creo que toda normativa de emergencia, como las que están en vigencia, tienen mayor poder de disuasión cuando estas son cumplidas en primer lugar por aquellos que las invocan para restringir derechos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *